El 24 de marzo de 1976 no es sólo la fecha en que comienza la última dictadura militar de la Argentina. Es también el símbolo del comienzo, con toda su fuerza y brutalidad, de un plan sistemático de exterminio, esencialmente de la clase obrera, que protagonizaba una etapa de ascenso revolucionario. -¿Y cuáles eran los objetivos de ese plan? Respondamos con las propias palabras que sus hacedores. Decía orgulloso Massera, en Julio del -´77: «Creemos que el Estado, además de aplicar el principio de subsidiariedad, debe proveer los servicios y la legislación adecuados, para que el empresariado pueda desenvolverse con eficiencia y rigor competitivo, cumpliendo con su papel en la modernización de la república. Creemos en que debemos promover una dirigencia sindical moderna y joven, que se ocupe de defender cabalmente los derechos de los que trabajan, sin buscar otro aliado que la justicia de sus aspiraciones.»(1)
Este «credo» significó la desaparición de 30.000 personas, la expropiación de sus hijos e hijas, la puesta en marcha de un plan económico salvaje al servicio del gran capital, la desarticulación de las organizaciones obreras emergentes desde los años -´60, concretando así la máxima derrota de la clase trabajadora argentina.
Un aspecto del plan: «recuperarlas» o desaparecerlas
Cuando se intenta explicar qué fue el genocidio, pocas veces se tiene en cuenta que uno de sus aspectos característicos fue el tipo especial de violencia ejercida contra las mujeres detenidas. Pero menos aún se explica cuál era su objetivo y el por qué de sus particularidades. Es menester entonces desmenuzar inicialmente las características propias de ese tipo de violencia como parte integrante de un plan sistemático llevado adelante durante la última dictadura militar.
Según el Informe Nacional sobre Desaparición de Personas, las mujeres constituyeron un 33% del total de los desaparecidos, de las cuales el 10% estaban embarazadas (un 3% del total).
A raíz de los testimonios recopilados pudimos evidenciar que la violencia específica hacia las mujeres fue sistemática, previamente planificada y aplicada reiteradamente sobre la mayoría de las detenidas en los diversos Centros Clandestinos de Detención (CDD) que funcionaron en el país. Conformaban la larga cadena de establecimientos que fueron utilizados para desplegar las técnicas que los militares habían aprendido en las escuelas de guerra del exterior. Cada una tenía sus fundamentos, sus objetivos, sus pasos específicos, premeditados. Nada quedaba librado al azar, ni siquiera el hecho de que estos centros fueran comisarías, locales, hospitales, fábricas emblemáticas, todos ellos «escondidos» y a la vez visibles, para amedrentar a la población que intentara resistir.
Entre las modalidades de tortura se encontraban las violaciones reiteradas y llevadas a cabo, muchas veces, por más de un represor, en la mesa de torturas o cuando las detenidas querían ir al baño. Por lo que la violación, además de constituir una forma de sometimiento y extorsión, buscaba también el dolor y castigo de las detenidas: disciplinar y «corregir», destruir la integridad física y psíquica de esas mujeres. «Recuperarlas», como decían los oficiales en su jerga.
Los abusos sexuales cometidos contra las detenidas consistieron también en otra forma de denigración. Cuenta Miriam Lewin, detenida en la ESMA, que mientras se encontraba en la mesa de torturas: «Había gritos, insultos, uno de los tipos me levantó el antifaz. Yo estaba desnuda y atada. Me acercó el pene, mientras los demás me amenazaban: «te vamos a pasar uno por uno, hija de puta». La verdad es que yo hubiera preferido una violación, la hubiese sentido como algo más humano y comprensible que la tortura».(2) Este es un testimonio que se multiplica a lo largo de las fojas de cada una de las causas abiertas. La violencia se vistió de todas las formas posibles: desde la desnudez de las detenidas a la hora de las torturas, hasta la colocación de ratas en sus vaginas o, como en el caso de Adriana Calvo y otras parturientas, la obligación de limpiar la sala donde habían parido y hacerlas recoger la placenta, instantes después de dar a luz en cautiverio.
Comprender la dimensión de los «castigos» aplicados a las mujeres detenidas, su significado y sus intereses, es vital no sólo para tener en cuenta el plan sistemático sobre aquellas que vivieron semejante horror, sino también la intención disciplinadora sobre el conjunto de las mujeres que intentaran o pretendieran enfrentarse contra el orden social imperante. Así es como la dictadura ha logrado imprimir un estereotipo de mujer «santa», ligado exclusivamente a su función procreadora, siempre y cuando no procreara «subversivos». La mujer es en tanto madre. Y su papel principal lo ocupa dentro de la familia, ncleo fundamental del orden.
La «salvación» que se convirtió en condena
La ESMA, el Hospital Naval y el Hospital Militar fueron tres de los más importantes centros equipados para desarrollar las tareas de parto de las detenidas embarazadas.
A partir de diversos testimonios de mujeres que dieron a luz en los CCD y recuperaron su libertad, o de aquellas que compartieron celda con mujeres que esperaban un bebe y darían a luz en el centro, es posible reconstruir una lógica de tratamiento y posterior expropiación de estos bebés de las manos de sus madres y/o padres.
Casi la totalidad de las embarazadas secuestradas eran mujeres de no más de treinta años, que eran encerradas con otros compañeros y compañeras bajo pésimas condiciones de higiene, salubridad y alimentación. El ingreso de estas detenidas en las maternidades clandestinas que operaban dentro de algunos CCD no era registrado: las mujeres eran NN que, alrededor de los siete meses de embarazo, eran inducidas al parto, practicado generalmente por cesárea.
La «sala de parto» contaba, en cada centro, con un médico que supervisaba el proceso, parteras y enfermeras (algunas de las cuales eran monjas), mientras que los nacimientos eran realizados en presencia de oficiales uniformados y de civiles armados. Aún así, muchas veces las detenidas entraban en trabajo de parto y como nadie se acercaba a asistirlas eran los propios compañeros y compañeras los que oficiaban de médicos. Pero como si fuera poco, las detenidas embarazadas previamente recorrían un largo camino de padecimiento hasta el momento de dar a luz, ya que ellas también eran torturadas durante el período de gestación, que en muchos casos les provocó abortos o malformaciones en los bebés.
Durante el cautiverio, a la agresión física hay que añadirle la incertidumbre que cada una de ellas tenía acerca del destino de sus hijos e hijas, la sensación de que serían separadas de ellos y la incógnita de saber si alguna vez saldrían en libertad para ir en su búsqueda.
A lo largo de los testimonios de las embarazadas en libertad y de las compañeras de celda de otras tantas que aún continúan desaparecidas, se puede identificar una de las prácticas sistemáticas hacia las detenidas: eran «invitadas» a redactar una carta a sus familiares bajo la falsa promesa de que sería entregada a ellos junto con la criatura. Pero esas cartas nunca llegaban a salir de los CCD y esos niños y niñas tenían un claro destino desde un principio: la ESMA contaba con un listado de matrimonios militares y civiles afines, dispuestos a criarlos, en algunos casos por la imposibilidad de tener hijos, en muchos otros por la convicción ideológica de que esos bebés debían ser «salvados» de las ideas subversivas de sus padres. Una de las detenidas cuenta acerca de su compañera Graciela: «?la llevaron al baño por error, mientras yo me estaba bañando. Pudimos hablar unas palabras. Ella fue trasladada el 23 de abril. Unos días antes le habían sacado el nene. Pregunté mucho por él y uno de los guardias me confió que se lo había llevado uno de los torturadores que no tenía hijos. Que ya le había comprado la ropita, y que no le habían dicho nada a Graciela?»(3) Inclusive, muchas de las detenidas vieron interrumpido el curso de sus embarazos, no porque ellas lo decidieran, sino por la decisión arbitraria de otros sobre sus cuerpos: «Ya en diciembre de 1976, un documento firmado por detenidas políticas de Córdoba, que habían pasado un período en el campo de «La Perla», daba cuenta de la suerte corrida por Isabel G. de Negrotti, quien perdió su criatura a consecuencia de las torturas recibidas».(4)
Febres, emblema de impunidad
El genocida Héctor Antonio Febres, subprefecto durante la dictadura, era conocido dentro de la ESMA como «Selva» o «Daniel». En ese CCD fue donde estuvo encargado de las detenidas que estaban embarazadas y del destino de sus hijos e hijas. Él mismo era el nexo entre los recién nacidos y las familias apropiadoras. Pero no dejemos pasar el dato. Nombramos una «lista» de futuros apropiadores, -¿puede haber una lista sin que antes exista una planificación del robo de bebes? Creemos que no, y éste es uno de los aspectos más macabros que tuvo el plan.
Hasta las esposas de los oficiales, como consta en actas, visitaban los CCD, para elegir los bebés a expropiar según el aspecto de sus padres detenidos.(5) Se apropiaron de sus hijos e hijas, y también de su identidad, de su historia y de su futuro. -¡Los elegían acordes a los rasgos de sus apropiadores, para que en el futuro no sospecharan! Era la eliminación del «otro» no sólo a través de la figura macabra de «desaparecido/a» sino también la eliminación de su descendencia, de sus deseos de ser padres y/o madres, de sus elecciones, de una nueva vida. La desubjetivización absoluta, la negación del sujeto y de sus potencialidades.
Se calculan que 400 bebés nacieron en cautiverio, de los cuales sólo 80 han recobrado su identidad gracias a la lucha de las organizaciones de derechos humanos y la amplia movilización popular. Por el silencio de los partícipes y cómplices, por la impunidad de la que son responsables los distintos gobiernos «democráticos» que se sucedieron, nada se sabe del destino de esos niños y niñas, hoy adultos que rondan los treinta años.
Pero como si fuera poco, Febres no sólo estaba acusado de esa brutal tarea, sino que ha sido partícipe de violaciones reiteradas a las detenidas-desaparecidas. La abogada Myriam Bregman, miembro del CeProDH y partícipe de la querella unificada de Justicia Ya!, ha denunciado que Febres «Violaba a las detenidas y también a las esposas y parejas de los detenidos, las amenazaba con matar a sus compañeros. También era un genocida y el delito de genocidio, que es el que le imputaba el Colectivo Justicia YA, entre otras causales implicaba un ejercicio sistematizado de la violencia sexual. En todos los genocidios hay violaciones masivas. La violación es otra manera de humillar y someter. No es lo mismo violencia sexual y tortura, tal como suele entenderlo la justicia. En mi opinión, la violencia sexual compone el delito de genocidio. Creemos que si logramos instalar ese criterio, las mujeres víctimas de esos sucesos aberrantes encontrarán el marco necesario para declarar quién las violó y cómo fueron violadas.»(6) Tengamos en cuenta que gran parte de las detenidas que sobrevivieron no se atrevieron a declarar las violaciones que sufrieron en los CCD, frente al aparato judicial reaccionario y machista al que se han enfrentado.
Hace semanas se publicaron las fotos que demuestran, como se viene denunciando desde que comenzó la causa contra Febres, los privilegios a los que accedía el prefecto genocida. Los mismos privilegios que garantizaron la impunidad. No solamente porque Febres debía haber estado preso en una cárcel común y de forma efectiva, sino porque esos privilegios fueron los que permitieron que se lo asesinara para que no declarase todo lo que sabía. -¿Y qué sabía Febres? Todo acerca de los bebés nacidos en cautiverio y apropiados ilegalmente en la ESMA, donde se produjeron la mayor parte de los nacimientos. -¿Qué iba a decir de todo lo que sabía? No lo sabemos y la incógnita permanecerá sin responder.
Pero tenemos un dato y una certeza. El dato: se le encontró una nota en la que aparecía el nombre de una detenida-desaparecida que tuvo a su hijo/a en cautiverio, y al lado de su nombre la palabra «hablar». La certeza: si lo asesinaron a pesar del escándalo que se podía desatar, es porque el costo a pagar por dejarlo con vida hubiera sido muchísimo más alto.
Y aunque el gobierno trató de sacarse de encima el costo político del asesinato de Febres con el desplazamiento del Jefe de la Prefectura, a los pocos días esa misma fuerza de «seguridad», reprimía salvajemente a los trabajadores y trabajadoras del Casino Flotante de Puerto Madero. -¿Acoso no hay un hilo conductor entre la Prefectura que actuó bajo la dictadura militar para disciplinar a los trabajadores y trabajadoras en una etapa de ascenso revolucionario, con el disciplinamiento que ejerce hoy como fuerza represiva del Estado capitalista, sobre sectores de trabajadores que se enfrentan al gobierno, la patronal y las burocracias sindicales?
-¿Otro caso Febres?
Paul Alberto Navone gozaba del privilegio de la libertad cuando decidió suicidarse o alguien decidió asesinarlo. Es que a pesar de estar investigado por el destino de los hijos mellizos de la detenida-desaparecida Raquel Negro, había obtenido el beneficio de disfrutar de uno de los hoteles cordobeses de la Fuerza Aérea.
Fue justamente en el parque de ese alojamiento de lujo donde se lo encontró sin vida. La justicia nunca consideró que debía estar detenido y tampoco consideró su aprehensión cuando no se presentó a declarar en la causa, alegando estar enfermo.
Si realmente fue un suicidio, la justicia no hizo lo necesario para evitarlo y garantizar que declarase. Si lo mataron, el aparato judicial tampoco garantizó las medidas necesarias para que ello no sucediera. Las dos hipótesis son posibles, más teniendo en cuenta las enseñanzas que nos dejó el asesinato de Febres. Los represores genocidas y apropiadores de bebés no dudan en llevarse la verdad silenciada hasta la tumba. Y los «camaradas de armas» no dudan en matarse entre ellos si de confesar, y avanzar en el camino de la justicia y contra la impunidad, se trata.
Las tareas pendientes contra la impunidad
María Eugenia Sampallo Barragán contesta «no sé» ante la pregunta del Juez acerca de su día y lugar de nacimiento. Pero sí sabe, desde el 2001, que su verdadera madre es Mirta Mabel Barragán, quien posiblemente la haya parido en el Hospital Militar. Mirta era obrera, militante del PC y delegada gremial de la SIAP (Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión) hasta que fue detenida por los militares mientras cursaba sus primeros meses de embarazo. Su compañero de militancia y de la vida era Leonardo Sampallo, obrero y subdelegado del Astillero Río Santiago. Ambos hoy continúan desaparecidos, y su hija María Eugenia es la primera en querellar a sus apropiadores. Ella es un ejemplo de fortaleza y convicción, para el resto de los hijos e hijas a los que se les restituyó su identidad, y para todos aquellos y aquellas que están convencidos de seguir luchando contra la impunidad.
Casi 32 años después desde el comienzo de la dictadura, aún quedan varias cuestiones por las que luchar. Las fuerzas represivas siguen cubiertas por los mantos de la impunidad que le han cedido gobierno tras gobierno. Aquellos oficiales formados bajo la implementación del siniestro plan sistemático de exterminio de una clase son quienes hoy forman parte de un aparato represivo que debe seguir disciplinando. Son esas mismas fuerzas las que reprimen en el Casino, ocupan Mafissa en beneficio de un empresario como Jorge Curi, quién colaboró con la dictadura. Y las mismas fuerzas que cada 40 horas fusila con su gatillo fácil a un joven.
Es que el Estado capitalista necesita de esas fuerzas represivas, no puede prescindir de ellas. Hoy ese Estado se viste con el ropaje de un régimen «democrático», pero cuando la burguesía local o extranjera lo necesite utilizará los ropajes de la dictadura, desnudando más brutalmente su carácter de clase.
Por otro lado tampoco se ha avanzado en los juicios, donde sólo se han juzgado casos emblemáticos, pero ni por lejos al conjunto de los partícipes y responsables del genocidio. Y en esto el gobierno es directamente responsable, ya que el aparato judicial ha puesto obstáculo tras obstáculo, en el camino hacia la verdadera justicia.
El gobierno de los derechos humanos ha demostrado a lo largo de estos años, qué decíamos cuando denunciábamos el doble discurso K. Solamente el hecho de no haber avanzado en un solo paso en la apertura de los archivos de aquellos años que se encuentran en manos del Estado y sus fuerzas, es un claro ejemplo del límite que se autoimpone el gobierno para avanzar en ese camino hacia la justicia.
El caso Febres ha demostrado fehacientemente qué son los privilegios de los cuales hacen uso los genocidas y qué consecuencias traen aparejados: la impunidad. Con Febres asesinado, las posibilidades de saber hasta el final qué pasó con esos hijos e hijas apropiados es mucho más complicado, y el mensaje para cualquiera que pretenda declarar es aún más desalentador.
Debemos seguir exigiendo justicia, que no significa otra cosa que el encarcelamiento efectivo en cárceles comunes al conjunto de los cómplices, responsables y partícipes del genocidio; debemos seguir exigiendo la restitución de la identidad para todos los hijos e hijas apropiados, y el castigo a sus apropiadores e involucrados en los planes de apropiación ilegal; que citen a indagatoria a todos aquellos que hayan cumplido funciones en CCD donde funcionaban maternidades; e investigar el verdadero origen de todos los jóvenes e ntre 30 y 35 años inscriptos como hijos e hijas de miembros de las fuerzas represivas y de inteligencia. Exigimos también la aparición con vida de nuestro compañero Julio López, otro símbolo de la impunidad con la que operan los hacedores de la dictadura. Aún falta avanzar en el castigo a los empresarios que se beneficiaron directamente con el nuevo plan económico que necesitó de un genocidio para ser aplicado. La Iglesia, institución emblema de la opresión hacia las mujeres, debe ser juzgada como cómplice de la dictadura y separada definitivamente del Estado.
Este próximo 24 de marzo las mujeres tenemos la tarea principal de volver a ser las primeras en exigir justicia y luchar contra la impunidad, denunciando el carácter de clase de un Estado que no ha dudado en aplicar el genocidio contra una generación, cuando los negocios de los capitalistas se vieron amenazados por la lucha de los explotados y que hoy, mantiene un manto de impunidad sobre sus perpetradores.
(1) Alte. Emilio E. Massera: Discurso próximo al 9 de Julio de 1977, aniversario de la declaración de la Independencia, en una comida de camadería, habla en nombre de la Junta Militar. En El camino a la democracia, El Cid Editor, Buenos Aires, 1979.
(2) Lewin, M: Ese Infierno, testimonios de 5 mujeres detenidas en la ESMA, pág. 68.
(3) Nunca Más, CONADEP, Eudeba, Buenos Aires, 1984
(4) Informe del CELS
(5) Juicio Oral en el caso del Capitán de Corbeta Adolfo Scilingo. Acta del Juicio Oral. Sesión 20º.
(6) Myriam Bregman, Artemisa Noticias
Exigimos la aparición con vida de Julio López YA. El Gobierno es responsable.
Por un rojo amanecer 